Nuestro columnista José Cervera (foto) presenta un análisis del reciente episodio de control previo de la producción de noticias en RTVE, España; la coyuntura actual y la eficacia política de las redes sociales.
Los políticos y los periodistas tienen intereses diferentes. Para los profesionales de la política el control del mensaje es fundamental, la herramienta básica de su trabajo. La definición misma del periodismo implica, en cambio, sacar a la luz información con independencia de su oportunidad o inoportunidad políticas. Esto provoca un incesante enfrentamiento dialéctico, un perpetuo tira y afloja entre ambas profesiones. La situación se complica en el caso de los medios públicos, cuanto los gestores son políticos y mandan sobre los periodistas directamente. Surge la tentación de que el político utilice su posición de gestor público para simplificar su tarea de control del mensaje, y por eso en los países con medios de propiedad pública existen salvaguardas para evitar la manipulación informativa. Nunca son absolutas, y siempre hay conflictos por esta causa. Pero la tentación siempre existe: los gestores políticos siempre intentan ampliar su control sobre los periodistas bajo su mando, y los periodistas usan las salvaguardas legales para protegerse.
En ocasiones, sin embargo, las salvaguardas legales no son suficientes. La pasada semana los miembros del Consejo de Administración de la corporación RTVE aprovecharon la actual situación política española para concederse a sí mismos una función de control previo sobre el trabajo de los periodistas que jamás habían tenido antes. En ausencia de Presidente de la Corporación desde la dimisión de Alberto Oliart y a apenas dos meses de unas elecciones que prometen cambiar el gobierno, los miembros del Consejo aprobaron que se les diera acceso a la herramienta informática InNews, en la que los periodistas preparan los informativos. Las posibilidades de actuar sobre las noticias durante su proceso de elaboración son obvias, por lo cual las reiteradas peticiones anteriores del Consejo en este sentido habían sido rechazadas por los periodistas, y por la dirección. La pasada semana una votación perfectamente legal le dio por fin a los representantes políticos lo que siempre habían querido. Con lo que no contaban es con resistencia de ningún tipo.
La postura del Consejo es comprensible (desde su punto de vista) y legal. Pero es inmoral, porque permite el control político previo de los informativos públicos. Los periodistas de la casa protestaron, y el asunto salió a la luz pública la noche del jueves 22 de septiembre, y llegó a Twitter. Lo que ocurrió a continuación fue una de esas movilizaciones instantáneas que permiten las redes sociales: centenares de periodistas profesionales de todos los medios y tendencias empezaron a difundir y criticar la iniciativa en miles de tuits, y a cuestionar su moralidad ante los liderazgos de los partidos implicados. La tormenta colocó la noticia en los medios y puso en cuestión el respeto de los partidos políticos por la independencia periodística de los medios públicos. La presión aumentó durante la mañana del viernes 23, cuando las radios recogieron y amplificaron la noticia.
Los portavoces de los candidatos principales a las elecciones fueron interrogados en Twitter, y pronto mostraron su desacuerdo con las acciones del Consejo, desautorizando así a sus propios representantes. Los consejeros anunciaron una nueva reunión con carácter urgente para retirar la medida, y la reunión (convocada apresuradamente) se produjo ese mismo día. Los mismos consejeros que el día antes la habían aprobado con sus votos, o permitido que se aprobara con su abstención, votaron ahora para anularla. Sólo uno de los consejeros, el representante del sindicato Comisiones Obreras que se había abstenido, dimitió. El resto de los miembros del Consejo de Administración de RTVE siguen en su puesto, tras ser desautorizados públicamente por los partidos que los nombraron y verse obligados a deshacer una medida ya tomada. Lo que nadie después de esto podrá poner en duda es la capacidad política de las redes sociales.
