El director del diario boliviano Página Siete, Raúl Peñaranda, y el de la Agencia de Noticias Fides, el sacerdote jesuita español José Gramunt de Moragas, negaron ayer por separado haber incitado al racismo contra el presidente Evo Morales en su comparecencia ante una fiscal en La Paz.
Ambos se presentaron a declarar ante la fiscal Claudia Pastén en el caso de la denuncia presentada en agosto pasado por el ministerio de la Presidencia por “incitación al racismo” al publicar notas con una supuesta distorsión de unas palabras de Morales que causaron críticas en su contra de dirigentes regionales del oriente del país.
“He dicho a la fiscal y al investigador que no hemos cometido error y menos un delito, que hemos actuado trabajando periodísticamente de manera adecuada”, dijo Peñaranda a los medios.
Por su parte, Gramunt, de 90 años, negó “absolutamente” haber cometido el delito del que les acusan las autoridades y consideró que “es un capricho del Gobierno” plantear la denuncia por la vía penal y no mediante la Ley de Imprenta.
El caso se originó en un discurso de Morales del 15 de agosto, cuando dijo: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano (occidente) es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, solo por flojos podemos hambrear”.
Según el Gobierno, los medios le tergiversaron con titulares como “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera”, “Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente” y “Morales opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador”.
Peñaranda señaló que ha pedido a la fiscal Pastén que derive el caso a un tribunal de imprenta argumentando que no reconoce la competencia de la Fiscalía.
“Yo le he dicho a la fiscal que no le reconozco competencia pero que sí respondo a sus preguntas porque respeto a las autoridades judiciales del país, soy un periodista y ninguna persona puede estar por encima de las leyes”, agregó.
Pastén señaló que tomará una decisión al respecto cuando concluya la investigación, lo que se espera que ocurra en 90 días.
La fiscal también citó mañana al director del matutino El Diario, Antonio Carrasco, para responder por la misma denuncia.
Periodistas, medios de comunicación y organizaciones de prensa han expresado su rechazo a la demanda penal contra los tres medios, la primera en 30 años de democracia presentada desde el poder político con la intención de enjuiciar a periodistas, y ratifican la vigencia de la Ley de Imprenta, vigente desde el siglo pasado.
La Sociedad Interamericana de la Prensa ha considerado que la demanda del Gobierno es un “acto de intimidación y censura” y crea un precedente negativo para la libertad de expresión, mientras que Reporteros sin Fronteras ha pedido a las autoridades que la retiren.
